A casi una década del asesinato de Berta Cáceres, el proceso judicial en Honduras ha producido algunas condenas, pero también ha dejado abiertas preguntas clave sobre el alcance real de la justicia. El caso se convirtió en un símbolo internacional no solo por la gravedad del crimen, sino porque expone los límites del sistema judicial hondureño para investigar delitos complejos que involucran a actores empresariales, estructuras de poder y posibles responsabilidades estatales.
Este artículo explica, sin tecnicismos, qué se ha juzgado, quiénes han sido condenados y qué sigue pendiente en el camino hacia una justicia completa.
Las primeras condenas: los autores materiales
En noviembre de 2018, un tribunal hondureño condenó a siete hombres por el asesinato de Berta Cáceres. Entre ellos se encontraban sicarios, exmilitares y personas con vínculos laborales o contractuales con la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), promotora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Estas sentencias confirmaron que el crimen no fue un hecho aislado ni espontáneo, sino una acción planificada en la que participaron personas con entrenamiento militar y acceso a armas. Sin embargo, en ese momento, las condenas se concentraron en quienes ejecutaron o facilitaron materialmente el asesinato, sin avanzar de manera clara hacia las responsabilidades de más alto nivel.
La condena contra el exgerente de DESA
En junio de 2021, la justicia hondureña dio un paso más al condenar a Roberto David Castillo, exgerente general de DESA, como coautor del asesinato. El tribunal concluyó que Castillo utilizó su posición dentro de la empresa para coordinar acciones, manejar información clave y facilitar los recursos necesarios para ejecutar el crimen.
Esta condena fue considerada un hito, ya que por primera vez se responsabilizaba penalmente a un alto directivo empresarial. No obstante, el proceso no cerró el debate sobre la autoría intelectual, ya que Castillo no era el máximo responsable de la empresa ni el único con poder de decisión.
Qué condenas quedaron firmes y cuáles no
Aunque las sentencias marcaron avances importantes, durante varios años algunas condenas estuvieron sujetas a recursos legales y apelaciones. Esto alimentó la percepción de lentitud e incertidumbre en el proceso judicial.
Para las víctimas y organizaciones acompañantes, la justicia parcial —con condenas que tardan años en quedar firmes— equivale a una forma de impunidad prolongada, especialmente cuando los responsables con mayor poder económico y político permanecen fuera del alcance de los tribunales.
Lo que sigue pendiente: la autoría intelectual
Uno de los principales reclamos en el caso Berta Cáceres es la investigación y sanción de los autores intelectuales. Aunque en el proceso judicial han surgido nombres de personas vinculadas a la dirección de DESA, no todas han sido llevadas a juicio ni enfrentan condenas.
Esto ha reforzado la idea de que la justicia hondureña ha avanzado más rápido contra los ejecutores del crimen que contra quienes habrían tomado las decisiones estratégicas detrás del asesinato.
La responsabilidad del Estado
Otro aspecto pendiente es la determinación de responsabilidades estatales. Antes y después del crimen, Berta Cáceres había denunciado amenazas y hostigamiento, y contaba con medidas cautelares internacionales para su protección.
A pesar de ello, el Estado no logró garantizar su seguridad. Hasta ahora, no existen condenas penales contra funcionarios públicos por acción u omisión en la protección de la defensora, ni por posibles irregularidades en la investigación inicial.
Reparación y garantías de no repetición
Más allá de las condenas penales, el caso plantea preguntas sobre la reparación integral a las comunidades afectadas y las garantías de que crímenes similares no se repitan. Para organizaciones sociales y de derechos humanos, la justicia no se limita a las sentencias, sino que implica cambios estructurales en la forma en que el Estado hondureño protege a quienes defienden el territorio y el medio ambiente.
Mientras estos aspectos sigan sin resolverse, el caso Berta Cáceres continuará siendo un ejemplo de justicia incompleta: con avances importantes, pero insuficientes frente a la magnitud del crimen y las estructuras de poder que lo hicieron posible.
Un proceso abierto
El asesinato de Berta Cáceres no es solo un caso cerrado en los tribunales. Es un proceso vivo, seguido de cerca por la sociedad hondureña y la comunidad internacional. Las condenas existentes demuestran que es posible avanzar, pero lo pendiente recuerda que la justicia plena aún está por alcanzarse.
