A casi una década del asesinato de Berta Cáceres, una de las defensoras ambientales más reconocidas de América Latina, el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) permitió reconstruir con mayor precisión cómo se gestó, financió y ejecutó el crimen, así como las múltiples fallas —y omisiones deliberadas— del Estado hondureño. Lejos de tratarse de un hecho aislado, la investigación más reciente confirma que el asesinato fue la culminación de una violencia estructural contra una mujer indígena que desafió intereses económicos, políticos y militares profundamente arraigados.
¿Quién era Berta Cáceres y por qué su asesinato no fue un hecho aislado?
Berta Cáceres fue una lideresa del pueblo lenca, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y una reconocida defensora de los derechos humanos y del medio ambiente. Su lucha se centró en la defensa del río Gualcarque, considerado sagrado por las comunidades lencas, frente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
El informe del GIEI sostiene que su asesinato no fue un acto fortuito ni un crimen pasional, como se intentó instalar desde las primeras horas de la investigación oficial. Por el contrario, fue la culminación de un proceso prolongado de persecución, amenazas, criminalización y violencia, enmarcado en un contexto de imposición de proyectos extractivos sin consentimiento de las comunidades indígenas. Berta había denunciado reiteradamente amenazas de muerte y hostigamiento, sin que el Estado garantizara su protección de manera efectiva.
¿Cómo se planificó y ejecutó el asesinato según la investigación del GIEI?
La investigación del GIEI reconstruye el asesinato como una operación planificada con antelación. El crimen fue ejecutado por una red de sicarios que contaba con información precisa sobre los movimientos de Berta Cáceres, producto de tareas de vigilancia y seguimiento previas.
El informe documenta intentos fallidos anteriores, incluido un plan en febrero de 2016, lo que demuestra que el asesinato fue el resultado de una decisión sostenida en el tiempo. La red criminal operó en coordinación con empleados de DESA y con miembros activos y retirados de las Fuerzas Armadas de Honduras, quienes aportaron conocimiento táctico, acceso a armas y logística. Los recursos para movilización, pagos y encubrimiento provinieron de fondos vinculados a la empresa.
¿Qué irregularidades y obstrucciones marcaron la investigación oficial del Ministerio Público?
El GIEI identifica graves irregularidades en la actuación del Ministerio Público hondureño. Desde el inicio, la investigación se desvió hacia hipótesis falsas, como la del denominado “crimen de faldas”, que buscaban desacreditar a la víctima y despolitizar el asesinato.
Se documentó la pérdida o no realización de peritajes clave, como el análisis completo de teléfonos celulares y armas incautadas. Además, la causa fue fragmentada de manera deliberada, lo que impidió investigar la estructura criminal en su conjunto y proteger a los presuntos autores intelectuales. A casi diez años del crimen, la investigación sigue incompleta, con responsabilidades de alto nivel que no han sido plenamente esclarecidas.
¿Cómo se desviaron los fondos de bancos internacionales para financiar el crimen?
Uno de los hallazgos más graves del GIEI es la identificación de una compleja trama financiera detrás del proyecto Agua Zarca. Fondos otorgados por bancos internacionales como el FMO (Países Bajos), el BCIE y FinnFund, destinados oficialmente a la construcción de la represa, fueron desviados de manera sistemática.
Según el informe, cerca del 67 % de los recursos se canalizaron a través de empresas fachada, como CONCASA y PEMSA, y mediante retiros en efectivo sin justificación clara. Estos fondos se utilizaron para pagar seguridad privada, redes de informantes, operaciones de vigilancia y, finalmente, la logística necesaria para ejecutar el asesinato de Berta Cáceres.
¿Quiénes son los presuntos autores intelectuales y directivos vinculados a DESA?
El GIEI describe una estructura de poder concentrada en la cúpula de DESA. En ella destacan miembros de la familia Atala —Jacobo, Pedro y Daniel—, así como Roberto David Castillo, exgerente de la empresa y exoficial de inteligencia militar.
De acuerdo con la investigación, estos directivos participaron en la toma de decisiones estratégicas, en la administración de recursos financieros utilizados para acciones ilícitas y en el diseño de mecanismos de presión y violencia contra el COPINH. Sus conexiones políticas y económicas habrían sido clave para asegurar la continuidad del proyecto y la impunidad frente a las denuncias.
¿Qué actos de corrupción permitieron la concesión ilegal del Río Gualcarque?
El informe concluye que el proyecto Agua Zarca nació viciado desde su origen. No se realizó la Consulta Previa, Libre e Informada al pueblo lenca, tal como lo exige el derecho internacional. Además, se documentó la manipulación de actas municipales para simular apoyo comunitario.
El GIEI también identificó pagos de sobornos a funcionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y de alcaldías locales, así como prácticas de “puerta giratoria”, mediante las cuales exfuncionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) pasaron a trabajar para DESA, facilitando la aprobación y viabilidad del proyecto.
¿Cuál fue el nivel de colusión entre la empresa privada y las fuerzas de seguridad del Estado?
La investigación revela un alto nivel de colusión entre DESA y las fuerzas de seguridad del Estado hondureño. Policías y militares actuaron, en la práctica, como seguridad privada de la empresa.
DESA financió viáticos, alimentación y alojamiento de efectivos policiales desplegados en la zona, mientras se coordinaban operativos de represión contra las comunidades de Río Blanco y el COPINH. Asimismo, se utilizó inteligencia militar para monitorear, vigilar y perfilar a Berta Cáceres y otros líderes comunitarios.
¿Qué daños colectivos sufrieron la comunidad de Río Blanco y el COPINH?
El asesinato de Berta Cáceres generó daños que van más allá de la pérdida individual. El GIEI documenta una profunda afectación al tejido social de la comunidad de Río Blanco, marcada por la división comunitaria inducida por la empresa, la destrucción de cultivos y la militarización del territorio.
También se reconoce el daño espiritual provocado por la afectación del río Gualcarque, considerado sagrado, y la estigmatización sistemática del COPINH, presentado como un “enemigo del desarrollo”, lo que incrementó los riesgos para sus integrantes.
¿Qué medidas incluye el Plan de Reparación Integral propuesto por el GIEI?
Como respuesta a estos daños, el GIEI propone un Plan de Reparación Integral que incluye medidas estructurales y simbólicas. Entre ellas se encuentran la revocación definitiva de la concesión del proyecto Agua Zarca, la titulación de las tierras ancestrales de la comunidad de Río Blanco y la disolución de la empresa DESA.
El plan también contempla la depuración de archivos de inteligencia, programas de salud comunitaria y la creación de becas educativas en honor a Berta Cáceres, como forma de reparación y memoria.
¿Qué recomendaciones urgentes hace el GIEI para garantizar la no repetición?
Para cerrar, el informe plantea recomendaciones orientadas a evitar que crímenes como este se repitan. Entre ellas destacan reformas profundas al Ministerio Público para fortalecer la investigación de delitos complejos, regulaciones más estrictas para la banca internacional y las empresas extractivas, y el fortalecimiento efectivo de los mecanismos de protección para personas defensoras del medio ambiente en Honduras.
La investigación más reciente sobre el caso Berta Cáceres deja en evidencia que la justicia no puede limitarse a condenas individuales, sino que debe abordar las estructuras de poder, corrupción y violencia que hicieron posible su asesinato.
